La política institucional del Ejército colombiano de conteo de cuerpos, sumada a la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate", a la que es necesario sumar la estigmatización de la población civil son la explicación mínima para que en Colombia hubieran ocurrido un sin número de “falsos positivos”. Para la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la evidencia indica que los militares imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, conforme al Código Penal Colombiano como al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyen que quienes a la fecha han comparecido actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual tambié...